A través de aliados clave como BeyondTrust, las agencias gubernamentales pueden contar con soluciones de seguridad que las protejan frente a los crecientes ataques que, el peor de los escenarios, pueden poner en riesgo infraestructuras críticas y datos clave para el funcionamiento del Estado.
En una era digital en la que la información fluye constantemente, las agencias gubernamentales enfrentan desafíos críticos en materia de ciberseguridad. La protección de datos confidenciales no solo es una necesidad técnica, sino también una responsabilidad clave para garantizar la confianza de los ciudadanos y la estabilidad operativa de los estados en América Latina y el mundo.
Durante los primeros 9 meses de 2024, en Colombia se registraron más de 20.000 millones de ataques cibernéticos. Si bien esta cifra engloba diferentes tipos de ataques, los cuales no están exclusivamente orientados hacia agencias gubernamentales, sí dejan en evidencia la importancia de proteger las infraestructuras y la urgencia de implementar estrategias integrales de seguridad. Los ciudadanos esperan que sus datos personales estén protegidos y que las entidades públicas cuenten con la capacidad de resistir a estas amenazas crecientes.
Los riesgos de ciberseguridad y estrategias clave para mitigarlos
El panorama de riesgos para las entidades gubernamentales abarca desde ataques de ransomware, que pueden paralizar operaciones críticas, hasta accesos no autorizados que explotan brechas en la infraestructura y phishing, que aprovecha errores humanos. Estas amenazas no solo comprometen la estabilidad de los servicios, sino también la confianza de la población.
Para enfrentar estos retos, las agencias deben priorizar estrategias que incluyan métodos de autenticación multifactor, monitoreo constante y la adopción de soluciones avanzadas de protección. Además, el establecimiento de marcos regulatorios internos y la promoción de buenas prácticas en ciberseguridad fortalecen la resiliencia operativa y protegen la información confidencial.
Además de los riesgos tradicionales, las amenazas internas, como empleados con acceso indebido o descontrolado a información sensible, representan un desafío creciente. Estas situaciones pueden surgir tanto por acciones mal intencionadas como por errores humanos, evidenciando la necesidad de implementar políticas de acceso restringido basadas en el principio de privilegio mínimo. Esta estrategia, junto con auditorías regulares y capacitaciones en ciberseguridad, permite mitigar riesgos internos y garantizar un manejo más seguro de los datos y sistemas críticos.
BeyondTrust: un apoyo integral para la seguridad gubernamental
En un entorno de crecientes riesgos para la seguridad cibernética, las soluciones de Gestión de Accesos Privilegiados (PAM, por sus siglas en inglés) son clave para asegurar que las agencias gubernamentales puedan proteger su universo de privilegios. Estas soluciones no solo reducen significativamente la superficie de amenazas, sino que también simplifican el cumplimiento de normativas de seguridad y garantizan la estabilidad operativa.
En el marco de un enfoque de «confianza cero», empresas como BeyondTrust ayudan a las organizaciones públicas a garantizar que solo los usuarios adecuados accedan a los datos y sistemas correctos en el momento oportuno. A través de sus herramientas permiten reducir riesgos de violaciones de datos mediante el aseguramiento y auditoría de los accesos privilegiados, cumplir con las regulaciones locales e internacionales mediante controles de seguridad, analítica de amenazas y reportes detallados, así como adoptar nuevas tecnologías, como la nube, IoT y automatización de procesos robóticos, de manera segura.
Como menciona Mateo Díaz, Gerente de Ventas de BeyondTrust para Latinoamérica, «la ciberseguridad no es solo una defensa técnica; es un compromiso integral que protege la información confidencial y asegura la estabilidad de las operaciones gubernamentales, construyendo un futuro digital resiliente y confiable».
La protección de los sistemas gubernamentales no es un lujo, sino una prioridad. Contar con un aliado estratégico garantiza la seguridad de las infraestructuras públicas y protege la confianza de la ciudadanía.