La decisión judicial permitió bloquear un sitio web y una aplicación que distribuían de manera ilegal contenidos de DIRECTV. La piratería online genera pérdidas por casi US$500 millones en el país al Estado y a las empresas, evita la generación de más de 4.000 empleos y expone a los usuarios a graves estafas.
La Justicia de Colombia decidió aplicar un bloqueo dinámico contra un sitio web y una aplicación móvil que distribuían contenidos audiovisuales a través de la maniobra ilegal conocida como piratería online, lo que se configuró en un fallo histórico para la lucha contra este delito en el país.
El fallo de la Justicia colombiana es un nuevo paso de América Latina contra la piratería, un delito que afecta a los usuarios porque los expone dramáticamente a situaciones de estafa; a los Estados, porque se evita la recaudación de impuestos; y a la industria, por pérdidas millonarias y en detrimento de nuevos empleos.
La Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA) dictó una medida cautelar dinámica de bloqueo contra el sitio web «SKYLATINA TV» y la aplicación «SMARTER PLAYER LITE», ambos implicados en la distribución ilegal de contenidos audiovisuales.
“El bloqueo dinámico es una herramienta muy eficiente para ponerle fin a las retransmisiones ilegales en cada país. La Justicia colombiana en los últimos años ha desarrollado un avance muy significativo en la materia, permitiendo que la industria alerte proactivamente sobre retransmisiones ilegales para que las mismas sean bloqueadas rápidamente por los proveedores de servicios de internet”, expresó Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual (Alianza).
La DNDA estableció el bloque dinámico al constatar que, a través de la mencionada web y aplicación, se infringieron los “derechos de autor y conexos” y se comercializaron ilegalmente canales que habían sido licenciados por DIRECTV, la compañía de televisión satelital, streaming y conectividad.
En la medida cautelar, la Justicia colombiana precisó que las maniobras de piratería incluyeron el “ofrecimiento, la prestación, la distribución, la comunicación al público y la puesta a disposición en internet” de los contenidos obtenidos de manera ilegal por parte de la web y la aplicación acusadas.
Este fallo histórico en Colombia se implementó a partir de la investigación y la correspondiente denuncia que presentó Alianza, organización de empresas de la industria dedicada a la protección de la propiedad intelectual y la seguridad de los contenidos audiovisuales.
“Este fallo judicial representa un paso crucial en la protección de la propiedad intelectual y la preservación de la industria audiovisual legítima en Colombia. Es un claro mensaje de que la piratería online no será tolerada y que se tomarán medidas contundentes para combatirla”, afirmó Bacaloni, quien también es gerente regional Antipiratería de Vrio Corp., casa matriz de DIRECTV Latin America y SKY Brasil.
La piratería causa pérdidas millonarias en Colombia
Una reciente investigación sobre la piratería online en Latinoamérica reveló que más del 40% de los hogares con acceso a internet consumen contenido ilegal. La práctica delictiva provoca pérdidas multimillonarias para la industria, para los Estados y atenta contra la creación de fuentes de trabajo.
En el caso de Colombia, el estudio Pay-TV Signal Piracy and Online in Latam, reveló que 4,1 millones de hogares con acceso a internet consumieron contenido pirata en línea, generando pérdidas de US$400 millones para la industria y de US$76 millones en la no recaudación de impuestos por parte del Estado.
Además, según el relevamiento, se perdieron más de 4.140 empleos por las prácticas piratas que también suponen un riesgo para los usuarios que exponen sus datos personales para contratar los servicios ilegales.
Si se consideran todas las variables económicas que afecta la piratería online, el impacto cuantitativo negativo para Colombia alcanza los US$500 millones al año. Si se contemplaran los datos de piratería tradicional (como la retransmisión ilegal de contenidos por parte de cableoperadores sin autorización), el impacto negativo para la economía del país es aún mayor.