La iniciativa de origen parlamentario, aprobada en primer debate en la comisión primera del Senado, está para tercer debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes y ayer 20 de mayo, en audiencia pública fueron escuchados los diferentes actores que se verán afectados de prosperar esta iniciativa.
El pasado 20 de mayo se llevó a cabo la audiencia pública, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, a la misma asistieron representantes del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia Financiera, el Banco de la República, Asobancaria, Asomicrofinanzas, Bancamía, Datacrédito, Cifin, la Asociación Colombiana de la Industria de Crédito y Cobranza – Colcob, entre otras entidades, quienes argumentaron los inconvenientes en contravía del planteamiento de sus promotores, de “Darle una segunda oportunidad a los colombianos” ya que al carecer de información se limitaría el acceso al crédito, encarecería el mismo y obligaría a judicializar obligaciones que vienen siendo manejadas comercialmente y con buenos resultados.
La audiencia fue abierta por el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, quien afirmó que esta medida obligaría a la banca a usar información asimétrica, que encarecería el crédito, aumentaría el riesgo y disminuiría la posibilidad de crédito a los sectores más necesitados, “La información es el activo más importante que tenemos que trabajar” agregó Ana Fernanda Maiguashca, Codirectora del banco.
Ernesto Murillo, delegado de la Superintendencia Financiera, aseguró que este tipo de iniciativas avocan a los usuarios a caer en la informalidad, restringiendo el acceso al crédito.
Ana Maria Prieto, delegada del Ministerio de Hacienda, resaltó que el 92% de la información reportada actualmente a las centrales de riesgo es positiva y que el 90% de las personas reportadas tienen menos de 5 salarios mínimos de ingreso, al alterar esta información se está perjudicando directamente a la base de la pirámide, es decir, a quienes más necesidad tienen de acceder a créditos y productos financieros.
Por su parte, Maria Clara Hoyos presidente de Asomicrofinanzas, indicó que en el país hay cerca de 7 millones de familias que requieren servicios microfinancieros, las cuales tienen como única garantía su reputación y es a través de la información en las centrales que se puede escalar y otorgar estos microcréditos.
El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, agregó, a los puntos anteriormente mencionados, que Colombia tiene un buen sistema de información, de acuerdo con el Banco Mundial, cumpliendo con una puntuación de 7 sobre 8 puntos en la escala de Doing Business de información crediticia y que el proyecto rebajaría esta escala y la percepción de los inversionistas, al salirse de los estándares internacionales.
Por último, la invitación de Gloria Urueña, directora ejecutiva de Colcob, fue a no buscar el pensar en buenos y malos, si no trabajar en crear una cultura de pago y reforzar la educación financiera desde la básica primaria y aclaró que los agremiados que representa son los mejores aliados del aparto judicial del país para su descongestión y de los clientes en dificultades, para otorgarles “una segunda oportunidad”, en lo cual se retrocedería con este tipo de medidas.