¿En qué mundo queremos vivir una vez desaparezcan los riesgos a la salud pública generados por la pandemia? Esa es la pregunta que debe subyacer a cualquier estrategia de gestión frente al virus y sus efectos que planteemos. Esta pregunta afecta a diversidad de ámbitos y no siempre es fácil de responder ya que, en muchos casos, entran en juego conflictos de intereses que, según el contexto, pueden ser igualmente legítimos. Por eso es importante plantearse esa cuestión, porque permite un análisis más exhaustivo de las formas de enfocar la situación que no se centran únicamente en el corto plazo o en los intereses inmediatos, si no que tiene en cuenta el conjunto de las consecuencias que pueden generar las medidas que se tomen y el talante con que se implanten.
¿Queremos un mundo en el que no podamos tocarnos y abrazarnos, en el que no haya cercanía y contacto? ¿Queremos un mundo salpicado por protocolos de seguridad que determinen la movilidad y la aptitud o inaptitud de los ciudadanos en atención a criterios hasta ahora privados como el estado de salud? ¿Queremos un mundo en el que las autoridades y las fuerzas del orden tengan una mayor capacidad para vigilar, dirigir y controlar las actuaciones de las personas que estén bajo su jurisdicción? Las respuestas dependerán, en resumidas cuentas, del valor que otorguemos a dos principios de gran importancia: libertad y seguridad.
En realidad, el contraste entre estos principios no es algo nuevo, viene de largo y se ha puesto de manifiesto en otras situaciones en las que la seguridad o salud pública se han visto amenazadas. Las decisiones podrían justificarse en uno u otro sentido según las prioridades de cada parte y el nivel de afectación que tengan con respecto a la situación debatida. Quizás la gente con una mayor sensibilidad, miedo o vulnerabilidad con respecto a su salud se decante por enfoques más restrictivos de las libertades individuales. Otros, menos afectados por los efectos de la enfermedad, más liberados, o sin tanto riesgo de padecer sus consecuencias se decanten por actuaciones más permisivas. En última instancia, el término medio, como suele ocurrir, se plantearía como la solución más idónea (aunque a veces sea difícil determinar en qué punto se sitúa este).
En cualquier caso, cabe prevenir acerca de determinados comportamientos que, amparándose en la protección de la salud pública, podrían, paradójicamente, poner el riesgo la salud de determinados principios y libertades sobre los que se asienta nuestro ordenamiento y nuestro sistema democrático. Existe una incertidumbre arriesgada asociada, concretamente, a las medidas instauradas por determinados ejecutivos y entidades gubernamentales durante esta última crisis sanitaria para la recolección de datos e información personal de la ciudadanía. Los problemas que se derivan de estas actuaciones no tienen que ver tanto con sus objetivos (siempre y cuando realmente estos estén dirigidos a la lucha contra una amenaza concreta como puede ser el Coronavirus, cosa que, por otra parte, no siempre es fácil de controlar o de asegurar), ni de los sistemas que pretenden utilizarse (en muchos casos apoyados en instrumentos digitales y nuevas tecnologías).
Según un estudio recientemente realizado en Estados Unidos por una empresa de seguridad, hasta el 84% de los encuestados están preocupados por el uso que el gobierno pueda hacer de los datos recabados con motivo de la pandemia.
En paralelo se ha vivido un repunte en el uso de herramientas enfocadas a la privacidad, los servidores VPN han visto incrementado su uso en un 165%, al igual que buscadores orientados a la privacidad.
Y es que estas cuestiones no deben ignorarse ya que, de tergiversarse, podrían plantear amenazas aún mayores, la principal problemática que rodea las medidas de vigilancia y recogida masiva de datos tiene que ver con las vías de aplicación, los términos de uso, y los protocolos que rodean a estas medidas. Solo a través del correcto establecimiento de éstos podemos garantizar de forma previa y eficaz —si es que se determinase inequívocamente que la recopilación de esa información tiene efectos beneficiosos reales en la lucha contra las amenazas que surjan— el uso legítimo y adecuado de la mencionada información, evitar malversaciones y asegurar que se destinen a propósitos verdaderamente necesarios y útiles. Este control se convierte, por ello, en una prerrogativa esencial para defender nuestros derechos e intereses legítimos, especialmente nuestra libertad.